Acciones de PI
en Argentina
Este país tiene una legislación fuerte sobre derechos de propiedad intelectual y permite acciones civiles, administrativas y penales para protegerlos.

Normas
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Infracciones y acciones administrativas
Oposición al registro:
Esta acción se presenta ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. La acción podrá ser iniciada por cualquier tercero interesado. Esta acción tiene un plazo de 30 días para su presentación, contados a partir de la fecha de la publicación de la solicitud en el Boletín correspondiente.
Recurso de reconsideración (Recurso de apelación administrativo):
Se presenta ante la entidad que emitió el acto administrativo. Tiene como propósito que se reconsidere de manera parcial o absoluta un acto administrativo. Se cuenta con un plazo de cinco días después de notificada. Cuando es un acto administrativo de carácter general se considera cumplida la notificación a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial.
Acción de indemnización:
Esta acción es de carácter civil y le permitirá al afectado prevenir que siga cometiendo la infracción y recibir una indemnización por los perjuicios sufridos. La acción prescribirá a los 2 años contados desde el momento que se conoció sobre las infracciones. Los perjuicios podrán incluir daños patrimoniales bajo los conceptos de lucro cesante y daño emergente, y daños extrapatrimoniales.
Acción reivindicatoria:
Esta acción se puede presentar cuando una persona que no tenía derecho a hacerlo, solicita o registra un derecho de propiedad industrial o en perjuicio de una persona que también tenía derecho al registro. La acción busca que
Delitos
Ley de Marcas, Capítulo 3, Sección 1:
Se cuenta con penas privativas de la libertad y sanciones económicas. Las penas privativas de la libertad oscilan entre los tres meses a los dos años. Las sanciones económicas pueden ir entre los 4,000 a 100,000. Entre los actos tipificados se encuentra la falsificación e imitación de marcas ajenas.
Ley de Patentes y Modelos de Utilidad, Título VI, Capítulo 1:
Se cuenta con penas privativas de la libertad para aquellos que, mediante la falsificación, comercialización o fabricación afecte uno de los derechos que se encuentre conferido por la ley. Las penas varían entre los 6 meses y 3 años de acuerdo con la gravedad de los actos.
Ley de Modelos y Diseños Industriales, artículos 20 y 21:
Se establecen sanciones económicas de 3,000 a 100,000 pesos para quienes infrinjan los derechos previstos en esta ley.
Ley de Propiedad Intelectual, artículos 71 a 78:
Se incluyen penas privativas de la libertad y sanciones económicas para aquellos que infrinjan los derechos de autor.
Infracciones por Competencia Desleal
La Ley de Competencia en Argentina prevé sanciones económicas para aquellos que contravengan las disposiciones de esta ley. Las multas dependerán de los actos desleales realizados. Entre las multas previstas se encuentra porcentajes del volumen del negocio asociado al acto ilícito cometido. Estas acciones se presentarán ante el Tribunal de Defensa de la Competencia.
Instituciones que administran derechos de la Propiedad Intelectual
Comentarios
En Argentina es necesario ser un Agente de Propiedad Industrial para obtener y gestionar derechos de terceros ante el Instituto de Propiedad Industrial. Los Agentes deberán de realizar un curso del INPI para obtener la matricula. Esta labor no es exclusiva para abogados, por lo que únicamente se deben de cumplir los requisitos legales para poder gestionar este tipo de tramites. Esta medida diferencia a Argentina de varias legislaciones en la región, pues este tipo de requisito no está previsto en las otras jurisdicciones.
En Argentina es necesario ser un Agente de Propiedad Industrial para obtener y gestionar derechos de terceros ante el Instituto de Propiedad Industrial. Los Agentes deberán de realizar un curso del INPI para obtener la matricula. Esta labor no es exclusiva para abogados, por lo que únicamente se deben de cumplir los requisitos legales para poder gestionar este tipo de tramites. Esta medida diferencia a Argentina de varias legislaciones en la región, pues este tipo de requisito no está previsto en las otras jurisdicciones.