El reglamento marcar un cambio en la forma tradicional de entender el control estatal sobre el petróleo venezolano. Sin eliminar formalmente la soberanía del Estado sobre los yacimientos, el texto amplía las posibilidades de participación de empresas privadas en actividades clave del sector. Por ejemplo, reconoce que empresas privadas domiciliadas en Venezuela puedan actuar como Empresas Operadoras mediante contratos con empresas estatales o sus filiales, previa evaluación del Ministerio de Hidrocarburos.
Otro punto llamativo es que el reglamento admite mecanismos como mediación, conciliación y arbitraje para resolver controversias, lo que puede leerse como una señal de mayor apertura hacia esquemas usados en negocios internacionales. En todo caso, no puede afirmarse todavía que se trate de una apertura definitiva. El cambio dependerá de cómo el Gobierno implemente estas reglas, qué autorizaciones otorgue y qué normas complementarias expida el Ministerio.
