La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó una nueva Ley de Transferencia Tecnológica y de Conocimiento, una iniciativa que busca cerrar una de las principales brechas de los ecosistemas de innovación en América Latina, a partir de la transformación efectiva de los resultados de investigación en soluciones, tecnologías y oportunidades para la sociedad y la industria.
La nueva normativa establece un marco regulatorio para fortalecer la conexión entre investigación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y desarrollo productivo, para que universidades, centros de investigación, empresas y entidades públicas cuenten con capacidades mínimas para transferir conocimiento y tecnología de manera sistemática hacia el mercado y la sociedad.
Uno de los aspectos más relevantes de la ley es el reconocimiento de la transferencia tecnológica como un componente estratégico del desarrollo nacional, que asigna al Estado un papel activo en el fomento de la investigación, la protección de resultados de I+D y la transferencia de tecnologías, mediante acciones coordinadas entre los ministerios de Ciencia, Educación y Economía.
Asimismo, la ley promueve que los resultados de investigaciones financiadas con recursos públicos puedan generar valor económico y social mediante mecanismos de transferencia, licenciamiento, colaboración con empresas y creación de iniciativas de base tecnológica.
También incorpora nuevas obligaciones de transparencia y rendición de cuentas para las instituciones participantes, especialmente en relación con su participación en empresas de base científico-tecnológica y la gestión de los resultados derivados de proyectos financiados con recursos públicos.
