El proyecto parte de una distinción conceptual que podría marcar la forma en que las empresas entiendan su deber de verificación: identificar a las personas es una función pública exclusiva de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mientras que los particulares únicamente podrían verificar, con un grado de aproximación razonable, que la identidad declarada por alguien efectivamente le corresponde. Por ello, la SIC plantea que la «plena identificación» exigida por la ley no equivaldría a una certeza absoluta ni a un riesgo cero, estándar que ningún mecanismo técnico puede ofrecer, sino a la obtención de evidencia suficiente, verificable y proporcional al riesgo de cada operación. La propuesta recoge así la clasificación internacional de los factores de autenticación, algo que se sabe, algo que se tiene y algo que se es, y fijaría como principio rector que ningún mecanismo aislado sería suficiente cuando el riesgo lo amerite: la confianza se construiría combinando al menos dos factores independientes entre sí.
En términos prácticos, de aprobarse en los términos propuestos, la verificación debería aplicarse no solo al vincular un nuevo cliente o abrir un crédito, sino también en operaciones posteriores de alto riesgo, como la reposición de una SIM, el cambio de canal de notificaciones, la recuperación de credenciales o el aumento de un cupo. Entre los mecanismos que contempla el proyecto figuran el cotejo biométrico contra fuentes oficiales, los códigos de un solo uso, la verificación documental y la autenticación mediante cédula digital, mientras que una simple fotografía del documento o una contraseña enviada a un canal no verificado quedarían expresamente descartadas como prueba suficiente. La propuesta también plantea prohibir condicionar la adquisición de un bien o servicio a la entrega de datos biométricos, siempre debería ofrecerse una alternativa real y accesible, y exigiría reforzar la verificación cuando el historial crediticio registre la leyenda «Víctima de Falsedad Personal», así como conservar durante al menos tres años el expediente de cada verificación. De aprobarse en los términos actuales, las instrucciones serían exigibles a partir del 1 de julio de 2027, lo que daría a los sujetos obligados un margen razonable para adaptar sus procesos.

