El 12 de mayo de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) publicó nuevas directrices para la investigación y aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), en cumplimiento de la orden ejecutiva del presidente Trump de enero de 2025. Las directrices actualizadas priorizan los casos que representen una amenaza para la seguridad nacional, estén vinculados a cárteles o a organizaciones criminales transnacionales, o afecten la competencia justa para empresas estadounidenses.
El enfoque estará en conductas graves cometidas por individuos, con especial atención a casos con pruebas claras de intención corrupta. Se dará prioridad a esquemas de soborno relacionados con sectores estratégicos como defensa, infraestructura y minerales críticos, así como a aquellos que beneficien a redes criminales a través de lavado de dinero o empresas fantasma.
También se priorizarán los casos en los que compañías estadounidenses hayan sido injustamente excluidas de mercados internacionales por prácticas corruptas. Las directrices reafirman las excepciones de la FCPA para pagos de facilitación y gastos permitidos por leyes locales. Los fiscales deberán actuar con rapidez, considerar el impacto en negocios legítimos y evaluar si autoridades extranjeras pueden asumir la investigación.
