La autoridad colombiana de protección de la libre competencia sancionó a la principal central mayorista del país y a varios de sus directivos tras concluir que ciertas modificaciones introducidas en su Reglamento Interno de Funcionamiento habrían restringido la libre competencia.
De acuerdo con la investigación, en 2022 se incorporaron disposiciones que limitaron el ingreso de determinados comerciantes a la central de abastos, generando barreras que podían afectar la entrada y participación de nuevos agentes en el mercado de productos agroalimentarios. Según la autoridad, estas medidas tenían la capacidad de reducir las dinámicas competitivas dentro de la central y afectar condiciones de precio, calidad y variedad de los productos ofrecidos a minoristas, comerciantes y consumidores.
La decisión también señala que las restricciones podían impactar tanto a los compradores como a los proveedores que operan en la central, al reducir las posibilidades de interacción con nuevos actores comerciales dentro del mercado mayorista.
Además de las sanciones económicas impuestas, la autoridad ordenó la adopción de medidas orientadas a ajustar la reglamentación interna de la entidad y evitar la repetición de prácticas consideradas contrarias a la libre competencia.
