La Corte Constitucional estableció un precedente relevante en materia de debido proceso al resolver una acción de tutela presentada por el máximo organismo del fútbol profesional colombiano (Dimayor) en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio por no pronunciarse de fondo sobre una prueba solicitada en el marco de una investigación administrativa sancionatoria por prácticas restrictivas de la competencia que terminó en una sanción en contra de la organización y algunos clubes y presidentes afiliados.
Según la Corte, las autoridades administrativas tienen la obligación de valorar de manera expresa, motivada y sustancial todas las pruebas incorporadas al expediente antes de adoptar una decisión definitiva. La sentencia enfatizó que omitir el análisis de elementos probatorios relevantes desconoce el derecho de defensa y afecta la transparencia de las actuaciones administrativas.
La decisión marca un estándar importante para los procesos adelantados ante la Superintendencia de Industria y Comercio, especialmente en investigaciones complejas donde las pruebas técnicas y periciales resultan determinantes. No obstante, el 06 de mayo de 2026, la Superintendente de Industria y Comercio anunció la radicación de una acción de nulidad en contra de la sentencia. Así las cosas, el debate continuará abierto, hasta tanto la Corte Constitucional no emita una decisión al respecto.
