Mediante un escrito radicado el pasado 6 de mayo ante la Corte Constitucional, la Procuraduría General solicitó declarar la inconstitucionalidad parcial del artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, relativa a la protección de la libre competencia en Colombia.
El escrito fue radicado en el marco de una acción de inconstitucionalidad promovida por un ciudadano colombiano, cuestionando la validez de la fórmula legal para el cálculo de multas a cargo de personas naturales involucradas en actos contrarios a la libre competencia. Actualmente, la disposición acusada establece que tales multas pueden ser de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales, vigentes al día de la imposición de la multa.
De acuerdo con los argumentos expuestos por el demandante y respaldados por el Procurador General, dicha fórmula resulta inválida no solo porque corresponde a una “sanción indeterminada” proscrita por el derecho administrativo sancionatorio, sino también porque la norma acusada reproduce el contenido de una ley previamente declarada inexequible. El proceso se encuentra en su fase inicial y, por lo tanto, son varios los meses que restan para acceder a una decisión de fondo.