El Congreso colombiano expidió una ley que permite el llamamiento en garantía en los procesos de protección al consumidor que se tramiten ante los jueces de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando el demandado sea una empresa que pertenezca al sector turismo. El llamamiento en garantía es una figura mediante la cual un demandado en un proceso judicial vincula a un tercero para que asuma total o parcialmente una eventual condena.
Esta decisión surgió como una forma de abordar las interpretaciones contrarias que existían entre la Superintendencia y otros juzgados, Tribunales Superiores e incluso la Corte Suprema de Justicia, pues la primera consideraba que aplicar esta figura implicaba resolver una disputa entre comerciantes, lo cual, excedía sus competencias.
En todo caso, la problemática no está totalmente zanjada, si se tiene en cuenta que la nueva medida se restringe solo a un sector específico, lo que permitiría que a futuro se siga presentando un choque de posiciones en casos que involucren a empresas de otros sectores.
