El problema de fondo es estructural. La captación y colocación de dinero en Colombia son actividades de interés público, hiperreguladas precisamente porque involucra los ahorros del público y exige controles robustos frente al lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros riesgos financieros considerables. Sacar estas actividades del perímetro de supervisión de la Superfinanciera abre tres frentes de riesgo. Primero, la entrada de recursos de origen ilícito, segundo, la ausencia de un regulador competente y tercero, la falta de obligaciones de monitoreo sobre terceros y transacciones.
Lo más llamativo es que este proyecto no es nuevo. Ya había sido publicado en enero de 2026, generando rechazo del Banco de la República, la Unidad de Regulación Financiera y la propia Superintendencia Financiera. Su republicación a días del cambio de gobierno plantea una pregunta inevitable: ¿es la última jugada de la administración saliente? De ser así, sería un golpe significativo a un sistema financiero que ha tardado décadas en consolidarse.
