La Corte emitió un comunicado público en el que anunció su decisión de declarar inconstitucionales las competencias de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia como una entidad de la Rama Ejecutiva respecto de órganos constitucionalmente autónomos o de otras ramas del poder público, por desconocer el principio de separación de poderes. La decisión comprende a la Rama Legislativa, la Rama Judicial, la Registraduría Nacional, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral y el Banco de la República.
Coincidencialmente, pocos días después de conocerse la decisión, la Autoridad archivó una investigación contra nueve funcionarios de la Registraduría Nacional por una presunta obstrucción durante visitas de inspección realizadas en 2024.
A la fecha no se ha publicado el texto completo de la sentencia, por lo que no es posible conocer el alcance y efectos de esta decisión en relación con las actuaciones de la SIC en materia de libre competencia.
