El 17 de julio de 2026, The Scoular Company, una empresa de cadena de suministro agrícola con sede en Omaha, Nebraska, suscribió un Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA, por sus siglas en inglés) con el Departamento de Justicia (DOJ) en el marco de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Veamos el caso en detalle.
Una investigación previa confirmó que Scoular operó, durante varios años, un esquema de sobornos mediante el cual la compañía pagaba a funcionarios de aduanas mexicanos para mover mercancías a través de la frontera entre Estados Unidos y México. El negocio principal de Scoular es la comercialización de productos agrícolas en Estados Unidos y México. Según el DOJ, el esquema se apoyaba en agentes aduaneros externos, quienes actuaban como el canal de pago hacia los funcionarios de frontera.
Los sobornos, al parecer, terminaron beneficiando a personas vinculadas con carteles de la droga mexicanos. Algunos de los agentes aduaneros involucrados en el esquema estaban, a su vez, controlados por miembros del cartel, un hecho que Scoular desconocía. Este es el primer caso en el que el DOJ resuelve un proceso de soborno bajo el FCPA que también involucra actividad relacionada con carteles, marcando una nueva frontera en materia de aplicación de la ley.
El caso ofrece lecciones clave para las empresas que operan en fronteras de alto riesgo, ¿cómo cuáles? 1) Depender de intermediarios externos no exime a una compañía de responsabilidad, y 2) el desconocimiento de una conexión con un cartel no impide el escrutinio del DOJ. Para las empresas con operaciones transfronterizas, la debida diligencia sobre agentes aduaneros y otros intermediarios ya no es opcional, es esencial.
