El 29 de abril de 2026, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE adoptaron la Directiva 2026/1021, orientada a combatir la corrupción y armonizar los marcos penales de los estados miembros. La norma reemplaza marcos anteriores y establece reglas mínimas sobre la definición de delitos, sanciones y medidas de prevención.
Sus disposiciones más relevantes para el mundo corporativo son tres. Primero, responsabilidad corporativa por falta de supervisión o control, cuando quien ejerce una posición de liderazgo permite que un tercero bajo su autoridad cometa un delito de corrupción en beneficio de la organización. Segundo, multas de hasta 5% de la facturación global anual para los delitos más graves, con posibilidad de sanciones adicionales como exclusión de licitaciones públicas o inhabilitación temporal de actividades. Tercero, el reconocimiento formal de los programas de cumplimiento como atenuante, aunque con una advertencia clara, los tribunales podrán ignorar aquellos implementados únicamente como fachada.
La directiva aplica a todas las empresas que operen en la UE, sin importar su tamaño. Los estados miembros tienen 24 meses para transponerla. Para las empresas multinacionales, el mensaje es directo, deben revisar y fortalecer los programas anticorrupción antes de que el reloj corra.
