Trump argumentó que durante décadas, los estadounidenses han subsidiado la salud de otros países al pagar precios muy superiores por fármacos. Según datos citados por el expresidente, los ciudadanos de EE.UU. pagan hasta 10 veces más por algunos medicamentos que pacientes en Europa o Australia. La orden establece que, si no hay avances en 30 días, se impondrán controles de precios obligatorios.
La iniciativa también propone eliminar a intermediarios del sistema de distribución y permitir ventas directas al consumidor. Además, instruye a representantes comerciales a presionar a países que, según Trump, fijan precios artificialmente bajos y perjudican a la industria farmacéutica estadounidense.
Aunque el objetivo de reducir costos es popular entre muchos votantes, la orden ha generado fuertes críticas. Organizaciones como BIO y PhRMA advierten que podría desincentivar la innovación, afectar a pequeñas empresas biotecnológicas y hacer que EE.UU. pierda liderazgo en investigación médica. La Cámara de Comercio apoya el diagnóstico de Trump, pero rechaza su enfoque, argumentando que importar controles de precios extranjeros podría limitar el acceso a tratamientos.
Este cambio en la política de medicamentos representa un momento crucial en el debate sobre quién debe asumir el costo de la innovación médica: los ciudadanos estadounidenses o la comunidad internacional. Su implementación y consecuencias podrían tener repercusiones globales en el acceso a tratamientos y en la industria farmacéutica.
