El 19 de mayo de 2026, el gobierno federal de Estados Unidos emitió la orden ejecutiva titulada «Restoring Integrity to America’s Financial System» (en español Restaurando la Confianza del Sistema Financiero de América), con la que fijó directrices claras sobre las responsabilidades de los actores del sistema financiero nacional.
En la práctica, la orden obliga a bancos e instituciones financieras a endurecer los controles de acceso: verificar la identidad de sus usuarios, el origen de los fondos y los patrones de sus operaciones. La cuenta bancaria, antes una puerta de entrada casi automática se convierte ahora en un filtro más efectivo contra el lavado de activos, el fraude, la evasión, la trata de personas, el narcotráfico y la financiación ilícita.
La orden introduce además una dimensión de riesgo crediticio que merece atención particular. La orden ejecutiva señala que el otorgamiento de productos financieros como créditos hipotecarios, préstamos para vehículos o tarjetas de crédito a personas con estatus migratorio irregular puede generar distorsiones en los análisis crediticios, especialmente cuando existen inconsistencias en la información laboral, tributaria o de identificación. Según la orden, una pérdida abrupta de ingresos derivada de medidas migratorias puede comprometer la capacidad de pago de estos usuarios y afectar la estabilidad de las carteras de las instituciones financieras.
El alcance real de la medida, sin embargo, trasciende el cumplimiento regulatorio. Cuando el acceso al sistema bancario queda enmarcado como un asunto de seguridad nacional, la pregunta de fondo ya no es quién puede abrir una cuenta, sino quién tiene derecho a usar la infraestructura financiera de un país.
La lógica detrás de estos controles es comprensible: identificar y bloquear flujos ilícitos es un objetivo legítimo. El problema surge cuando esa lógica se aplica sin matices. Un migrante que envía remesas a su país de origen, un comerciante informal o un ciudadano sin historial crediticio robusto pueden quedar atrapados en filtros diseñados para detectar amenazas que no representan. La seguridad nacional es una justificación poderosa, y precisamente por eso exige criterios claros sobre dónde termina la prevención y dónde empieza la exclusión.
