El Gobierno Nacional radicó el proyecto de ley 291, también llamado “Jorge Luis Pizano” en memoria del testigo clave del caso Odebrecht que falleció en extrañas circunstancias. Mediante esta ley, se busca establecer normas, procedimientos y mecanismos para proteger a los denunciantes de actos de corrupción en Colombia en el sector público y el privado.
En la iniciativa se incluyen medidas de protección prioritaria a periodistas y ciudadanos que investiguen y denuncien hechos de corrupción, y crea el Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC), instancia que será la encargada de coordinar y orientar la implementación y seguimiento de los mecanismos de protección.
El proyecto es una ley ordinaria y deberá surtir cuatro debates en Senado y Cámara de Representantes previos a la sanción presidencial a inicios del próximo año.