El 6 de agosto, la Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC”) impuso una sanción de $190.547.400 COP a una empresa consultora titular de una aplicación para validar riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (“LA/FT”). Además, la SIC ordenó suspender sus actividades de tratamiento de datos personales por un manejo indebido de la información.
La plataforma de la Compañía sancionada permite a los usuarios del sector transporte, realizar consultas y verificar riesgos asociados a otros actores del sector, especialmente conductores.
En la comunicación emitida por la SIC, se determinó que la empresa había creado una base de datos con informes negativos sobre los conductores de carga, vulnerando su derecho al hábeas data y generando un factor de discriminación que limitaba sus oportunidades laborales. Además, se constató que la empresa había tratado datos sensibles sin la autorización previa de los titulares.
Esta sanción refuerza la importancia de que quienes implementen herramientas de consulta respeten los principios generales para el tratamiento de datos personales establecidos en la Ley 1581 de 2012. Por lo cual, aunque la información contenida en listas para prevenir LA/FT es pública, su uso debe ajustarse a principios de legalidad, veracidad y transparencia.
