Varios países han fortalecido recientemente sus medidas para combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. En junio, la Comisión Europea actualizó su lista de jurisdicciones no cooperantes —conocida como la “lista gris”— que agrupa a aquellos territorios con deficiencias estratégicas en la prevención de estas actividades ilícitas. La actualización incluyó a países como Argelia, Angola, Kenia, Mónaco y Venezuela, y retiró a Barbados, Gibraltar, Panamá y los Emiratos Árabes Unidos.
La exclusión de países como Emiratos Árabes Unidos y Panamá podría tener un impacto positivo en sus relaciones internacionales y actividades económicas, pero la decisión aún está en revisión por parte del Parlamento Europeo, ya que se han expresado preocupaciones de que la exclusión de estas jurisdicciones pueda generar vacíos en la aplicación de medidas contra el lavado de activos, debilitando potencialmente el marco general de la UE.
Mientras tanto, en Estados Unidos, los reguladores de seis estados, incluido Nueva York, impusieron una multa de 4.2 millones de dólares a una empresa de transmisión de dinero por no cumplir con los estándares de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). La empresa presentó deficiencias en la detección de actividades sospechosas, en la debida diligencia de los clientes y en el mantenimiento adecuado de los datos, lo que representa riesgos para el sistema financiero.
Como parte del acuerdo, la empresa deberá implementar acciones correctivas, que incluyen revisar cuentas anteriores y mejorar sus procedimientos de cumplimiento, bajo la supervisión de un tercero independiente.
Estos avances envían un mensaje clave para las empresas a nivel global: mantenerse actualizado con los requisitos regulatorios en constante evolución es fundamental. La adopción proactiva de medidas de cumplimiento es esencial para evitar riesgos, proteger la reputación y desenvolverse con éxito en un entorno financiero global cada vez más complejo.
