Esta designación activa el marco jurídico aplicable a las FTO, incluyendo sanciones, restricciones migratorias más estrictas y la criminalización del denominado «apoyo material» bajo el Código Penal Federal de EE. UU. (18 U.S.C. § 2339B), que criminaliza cualquier forma de apoyo a organizaciones designadas como terroristas.
Lo verdaderamente disruptivo es que el concepto de «apoyo material» se interpreta de manera extraordinariamente amplia., Dependiendo de las circunstancias, puede comprender no solo el financiamiento directo, sino transacciones comerciales ordinarias, provisión de bienes, servicios, transporte o cualquier forma de asistencia, incluido el apoyo indirecto a través de terceros o cadenas de suministro, sin que sea necesario demostrar un vínculo con un acto terrorista específico.
Con esta decisión, Estados Unidos deja de tratar a estas organizaciones únicamente como estructuras de crimen organizado y comienza a combatirlas con todo el arsenal jurídico reservado para el terrorismo. Para las empresas, el mensaje es claro: la debida diligencia sobre terceros y cadenas de suministro nunca había sido tan importante.
