En Colombia, el llamamiento en garantía permite que quien es demandado pueda vincular al mismo proceso a un tercero que, en caso de una eventual condena, deba responder total o parcialmente por sus consecuencias. Durante años, sin embargo, existió una discusión sobre si esta figura podía utilizarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) o si estaba reservada para los jueces civiles.
La controversia surgía porque la SIC venía rechazando las solicitudes de llamamiento en garantía en procesos de protección al consumidor. Su posición era que su competencia jurisdiccional estaba limitada a resolver controversias derivadas de relaciones de consumo y que, como la relación entre el demandado y el tercero llamado en garantía no necesariamente es una relación de consumo, la SIC no podía pronunciarse sobre ella. Algunos tribunales ya habían sostenido lo contrario al resolver recursos contra estas decisiones, pero la práctica de la SIC no había cambiado de manera consistente.
Ahora, la Corte Suprema de Justicia, mediante, zanjó esta discusión al precisar que el llamamiento en garantía sí procede en las acciones de protección al consumidor tramitadas por la SIC cuando esta ejerce funciones jurisdiccionales. Para la Corte, negar esta posibilidad implicaría que las empresas y demás participantes de una misma cadena de consumo tengan menos herramientas de defensa dependiendo de si el proceso es conocido por un juez o por la SIC.
La decisión tiene un impacto práctico relevante: la SIC podrá resolver, dentro del mismo proceso, no solo la controversia entre consumidor y demandado, sino también las relaciones internas de responsabilidad, garantía o reembolso que puedan existir entre los distintos participantes de la cadena de consumo. Así, la sentencia elimina una diferencia que durante años había marcado el trámite de estos procesos ante la SIC frente a aquellos conocidos por los jueces civiles.
