En abril de 2026, el FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos encargada de proteger el sistema financiero contra el lavado de activos, y otros delitos financieros, publicó su informe anual del año fiscal 2025. El mensaje es contundente: el dinero ilícito cada vez tiene menos dónde esconderse. Entre la información aportada se destacan: 4,8 millones de reportes de actividad sospechosa presentados, más de USD 1.300 millones en multas civiles impuestas y USD 991 millones devueltos a víctimas de fraude desde 2015.
Pero el dato clave no es solo el volumen, sino el enfoque. La agencia priorizó amenazas de alto impacto global como cárteles, Irán, fentanilo y explotación infantil, y llevó estas prioridades a acciones concretas en países como México y Camboya.
Frente al año fiscal 2024, los avances son notorios. Los reportes de actividad sospechosa aumentaron de 4,7 a 4,8 millones, los reportes de transacciones en efectivo (CTRs) de 20,5 a 21,5 millones, y los reportes de cuentas en el exterior (FBARs) de 1,7 a 1,8 millones.
Además, 2025 marcó un punto de inflexión en cuanto al enforcement: por primera vez se utilizó la Ley FEND OFF contra instituciones financieras vinculadas a cárteles, junto con sanciones emblemáticas a actores relevantes del sistema financiero. En paralelo, su Programa de Respuesta Rápida logró congelar más de USD 182 millones en fraudes cibernéticos.
El mensaje es claro: la inteligencia financiera es una de las herramientas más poderosas para la seguridad nacional, y sus efectos trascienden las fronteras de los Estados Unidos. Para las empresas, esto implica una realidad ineludible: mayor escrutinio, expectativas más altas y la necesidad de controles cada vez más robustos.
