Colombia dio un salto regulatorio significativo con el Decreto 0368 de 2026, al pasar de un modelo voluntario de finanzas abiertas a un esquema obligatorio para las entidades vigiladas del sistema financiero. Bajo las nuevas reglas, bancos, aseguradoras, comisionistas, fiduciarias y demás actores regulados deberán habilitar el acceso seguro, previa autorización expresa del cliente (sin que ello implique el levantamiento de la reserva bancaria, la cual se mantiene respecto de la información no autorizada por el titular), a información financiera clave, como historial transaccional, datos de vinculación e información sobre productos, mediante APIs estandarizadas y protocolos comunes de interoperabilidad.
El decreto es especialmente relevante porque no solo busca impulsar la competencia, la inclusión financiera y la innovación, sino que además crea una arquitectura detallada de gobernanza: registro obligatorio de participantes, exigencias de autenticación reforzada, salvaguardas de ciberseguridad, reglas de recuperación de costos por uso de infraestructura y un cronograma de implementación gradual atado a los estándares que expedirá la Superintendencia Financiera de Colombia. Para entidades financieras, fintechs y plataformas digitales, esto representa un cambio estructural que exigirá una importante preparación operativa, jurídica y tecnológica en los próximos meses.
