La Superintendencia de Sociedades publicó un Proyecto de Circular Externa que reemplaza los capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica, relacionados con los Programas de Cumplimiento SAGRILAFT y PTEE.
La novedad más relevante es la unificación de ambos programas en un único Sistema de Autocontrol y Gestión de riesgos, que abarca Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Corrupción Local y Soborno Trasnacional.
El proyecto elimina la consideración de aspectos como transacciones internacionales o contratos con entidades estatales para determinar la obligatoriedad de los programas. Ahora, aplicaría a sociedades no vigiladas por otra entidad que reporten ingresos o activos iguales o superiores a cuatro millones novecientos veintinueve mil diecisiete (4.929.017) unidades de valor básico (UVB), equivalentes a $59.690.395.870 para 2026.
Sectores como agentes inmobiliarios, servicios jurídicos y otras Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) que superen los límites establecidos específicamente para estas actividades deberán implementar un Régimen de Medidas Mínimas para prevenir riesgos de Lavado de Activos y Corrupción.
Entre otros cambios claves se incluyen: un enfoque de Debida Diligencia basado en riesgos conforme a la Ley 2195 de 2022, la figura obligatoria de Oficial de Cumplimiento Suplente y una política específica para gestionar el riesgo de Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Este proyecto ampliaría significativamente el universo de sujetos obligados, incluyendo sectores antes no contemplados y reduciendo los topes de ingresos y activos.
Con el cierre del periodo de comentarios el 4 de enero de 2026, las empresas deben prepararse para anticipar y evaluar los posibles impactos de su aprobación.
