El 7 de octubre de 2026, el Senado de México aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor (artículos 18 Bis y 127) que confirma una tendencia: la contactabilidad comercial está cada vez más regulada y una campaña de marketing puede convertirse en un riesgo sancionatorio. La reforma impediría a los proveedores insistir con fines publicitarios mediante llamadas, mensajes, correos u otros canales no autorizados; crearía un Registro Público contra el Acoso Telefónico Comercial, gratuito, que las empresas deberán consultar, y elevaría las multas de aproximadamente $733 a entre $56.570 y $2.345.728 pesos mexicanos. Sin embargo, aprobación legislativa no es entrada en vigor: el proyecto aún debe ser estudiado por la Cámara de Diputados, por lo que las nuevas multas todavía no son exigibles.
En Colombia, la Ley 2300 del 10 de julio de 2023, conocida como «Dejen de Fregar», ya dio ese paso: ordenó adaptar el Registro de Números Excluidos (RNE), extendió la exclusión, antes centrada en SMS, a llamadas, correos y mensajería por aplicaciones o web, y fijó límites de horarios, canales y frecuencia de contacto.
Ambos países apuntan a una misma cuestión: ¿cómo hacer publicidad sin invadir la privacidad del consumidor? Porque una estrategia comercial efectiva también debe respetar el derecho a no ser contactado.
