A finales del año pasado, el Gobierno de Reino Unido publicó la Consulta Sobre Derecho de Autor e Inteligencia Artificial, un documento que propone soluciones mediadoras a conflictos vigentes en el escenario, cada vez más amplio, del entrenamiento de las inteligencias artificiales generativas y la minería de datos. Estos conflictos incluyen temas como, la vulneración a derechos de autor derivada del uso masivo de obras protegidas para el entrenamiento de inteligencias artificiales a través de patrones; la transparencia, en relación con las fuentes de información; y, la debida remuneración para los autores, cuyas obras son utilizadas en dichos procesos.
El Gobierno propone la implementación de una licencia colectiva, un mecanismo de uso libre que permitiría que asociaciones de artistas o autores reciban una remuneración derivada de una tarifa cuyo pago estaría a cargo de las empresas titulares de inteligencias artificiales, interesadas en el uso de obras protegidas para procesos de entrenamiento de sus herramientas. A través de dicha tarifa, distribuible entre todos los artistas que accedan a que sus obras sean integrantes potenciales de bases de datos masivas, se materializaría un nuevo tipo de concesión de derechos, por medio del cual se busca garantizar el pago equitativo de los autores y fomentar las prácticas de transparencia por parte de los servidores de inteligencias artificiales, hacia sus usuarios y consumidores, sobre el origen de cada prototipo de respuesta.
El desarrollo de esta licencia colectiva se adelantaría, principalmente, por tres organismos: la Agencia de Licencias de Derecho de Autor (CLA), la Sociedad de Licencias de Autores (ALCS) y la Sociedad de Servicios de Licencias Para Publicadores (PLS).
Si bien el sector creativo ha mostrado un apoyo mayoritario a la iniciativa de licencia colectiva, resulta conflictiva la propuesta de la Consulta: la inclusión del sistema “opt-out”, el cual consiste en un mecanismo de excepción al derecho de autor, que implica un consentimiento implícito del autor o sus causahabientes para que sus obras sean usadas en el entrenamiento de inteligencias artificiales, salvo que se pronuncien expresamente solicitando que estas sean excluidas. Este sistema ha sido fuertemente criticado por colectivos de artistas, escritores, guionistas y defensores de derechos morales y patrimoniales de autor, pues resaltan que implicaría una carga adicional para los autores.
Lo anterior, resultaría también contradictorio con el principio básico de la propiedad intelectual: toda obra es susceptible de protección por parte del derecho de autor desde su creación, y cualquier manifestación relacionada con la prohibición de reproducción o divulgación de la obra tendrá fines de oponibilidad, pero no es un requisito constitutivo o esencial para exigir protección.
Por esa razón, la Consulta Sobre Derecho de Autor e Inteligencia Artificial propone que para mediados de este año se adelanten negociaciones entre representantes de las industrias creativas y la industria tecnológica, con el fin de lograr acuerdos que permitan la expedición de instrumentos legales que regulen y protejan todos los intereses de las partes que se involucran en este escenario.
