La autoridad colombiana de protección al consumidor inició una investigación contra más de 40 prestadores de servicios de vivienda turística, luego de recibir más de 450 quejas durante el 2024.
De acuerdo con la entidad, algunos de estos prestadores habrían entregado información falsa ante las cámaras de comercio. En varios casos, aseguraron que sus inmuebles no estaban sometidos a regímenes de propiedad horizontal o que el reglamento de copropiedad autorizaba la actividad turística, cuando en realidad no era cierto. Además, se identificaron alojamientos que operaban sin estar inscritos en el Registro Nacional de Turismo.
La autoridad advirtió que estas conductas ponen en riesgo la seguridad de los turistas y afectan su derecho a recibir información clara, veraz y completa sobre los servicios que contratan. Por eso, reiteró la importancia de verificar que cualquier alojamiento turístico cuente con su registro vigente y que cumpla con las condiciones legales establecidas.
Si se comprueba que hubo irregularidades, los prestadores podrían recibir multas de hasta 2000 salarios mínimos, además de otras órdenes administrativas para garantizar el cumplimiento de las normas. Incluso, si las irregularidades persisten, se podría ordenar la prohibición de prestar estos servicios turísticos. Con esto, la entidad busca proteger a los consumidores y garantizar servicios turísticos formales, seguros y responsables en todo el país.
