La Superintendencia de Transporte publicó en agosto un proyecto de resolución que busca hacer obligatoria la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) para todos los sujetos bajo su inspección y vigilancia.
La medida aplicaría a concesionarios de infraestructura de transporte, operadores y sociedades portuarias, empresas de transporte público, especial y mixto, entre otros actores del sector.
El PTEE contempla una serie de requisitos mínimos: adopción de políticas de cero tolerancia a la corrupción, manejo de conflictos de interés, contratación estatal, financiación de campañas y cabildeo. También exige la designación de un Oficial de Cumplimiento, canales seguros de denuncia y la definición de responsabilidades claras para juntas directivas, representantes legales, revisores fiscales y auditores internos.
De ser aprobado, las empresas tendrán seis meses para adoptar el programa desde la publicación de la resolución. En el caso de nuevos actores, el plazo se contará a partir de su registro o habilitación ante la autoridad competente.
Con esta iniciativa, la Supertransporte busca fortalecer los controles éticos y reforzar la transparencia en el sector, en línea con los esfuerzos emprendidos este año, como la implementación obligatoria del SARLAFT, orientado a prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
